Historia de la Diputación de Salamanca
Las Diputaciones provinciales surgieron en las Cortes de Cádiz, con la Constitución de 1812, donde se dice que "en cada provincia habrá una Diputación llamada Provincial, para promover su prosperidad..." (artículo 325). La Diputación de Salamanca se estableció el 14 de agosto de 1813 con sede en el Palacio de Anaya. Su primer jefe político fue Francisco de Sales Cantero. Al igual que el resto de las Diputaciones, sus primeros tiempos fueron inciertos, en dos ocasiones fue suspendida hasta que, en 1835, se estableció de manera definitiva.
A pesar de las inestables circunstancias políticas de las décadas posteriores, su principal cometido siempre fue el de la prosperidad de la provincia a través del fomento de las actividades productivas, las obras públicas y la prestación de servicios, concretamente la beneficencia y la educación. También determinaban el reparto de las contribuciones entre los pueblos y organizaban los reemplazos del ejército.
En 1884, tiene lugar el traslado a la actual sede en el Palacio de La Salina, tras someterse a una reforma. Ya por entonces, la Diputación era responsable de las instituciones benéfico-asistenciales de la provincia, tras asumir estas competencias desde 1849. Así, gestionaba el Hospicio, las Casas de Expósitos de Salamanca, Béjar y Ciudad Rodrigo, la Casa de Maternidad y el Hospital de Dementes. En 1930 comenzó a funcionar el Hospital Provincial, y hacia 1935 se creó la Residencia de Niños de San José para aliviar el número de hospicianos.
La dictadura franquista supuso una involución en su autonomía, se crea la Comisión Provincial de Servicios, se le vacía de competencias y el gobernador civil asume las funciones de presidencia. La Diputación tiene que reorientar sus esfuerzos hacia otras áreas, como el deporte y la cultura. En materia de asistencia social, desaparecen el Hospicio y las Casas de Expósitos, y se crea el Centro de Educación Especial Reina Sofía.
La Constitución de 1978 reconoce la personalidad jurídica propia de las diputaciones, constituyéndose como un organismo democrático orientado a la cooperación con los ayuntamientos y el fomento de los intereses de la provincia. El nuevo orden constitucional conlleva la pérdida de algunas competencias, y con ello una reorganización de la estructura de la Diputación, la constitución de organismos autónomos, como REGTSA y CIPSA, y, más recientemente, la disolución del Hospital Provincial y el Psiquiátrico.
